La Ley de Competencia de Canadá, la Competition Act (Loi sur la concurrence), es la ley federal que protege la libre competencia. Tipifica como delito ciertas conductas, como la fijación de precios, la fijación de salarios y la colusión en licitaciones. Regula otras mediante revisión civil, como el abuso de posición dominante y la publicidad engañosa. También exige notificar con antelación ciertas fusiones de gran tamaño. La aplica la Competition Bureau (Bureau de la concurrence; Oficina de Competencia), y el Competition Tribunal (Tribunal de la concurrence; Tribunal de la Competencia) resuelve la mayoría de los asuntos civiles.
Muchos propietarios suponen que la Ley de Competencia de Canadá está pensada para bancos, aerolíneas y cadenas de supermercados. En la práctica, alcanza a empresas mucho más pequeñas. Basta pensar en una conversación sobre precios con un competidor en una feria comercial, un entendimiento de "no contratamos a su personal" entre dos empresas locales, un anuncio de "antes $199, ahora $99", una etiqueta de "carbono neutral" o la compra de un competidor. Esta guía explica qué prohíbe la Ley, cuánto cuesta equivocarse y dónde aparece en los contratos y las operaciones de todos los días.
Vigente a octubre de 2026. Las referencias corresponden a la versión consolidada de la Competition Act, R.S.C. 1985, c. C-34, actualizada al 21 de septiembre de 2026.
Ley de Competencia de Canadá: Qué Abarca y si se Aplica a Su Empresa
El artículo de propósito de la Ley (artículo 1.1) indica que existe "para mantener y fomentar la competencia en Canadá". Eso incluye asegurar que las pequeñas y medianas empresas "tengan una oportunidad equitativa de participar en la economía canadiense". También busca ofrecer a los consumidores precios competitivos y opciones de productos.
Tres instancias se reparten el trabajo. El Commissioner of Competition (Comisionado de Competencia) y la Competition Bureau investigan y hacen cumplir la Ley. El Competition Tribunal resuelve la mayoría de los asuntos civiles, como el abuso de posición dominante y las fusiones impugnadas. Los tribunales penales conocen de los procesos por delitos como la fijación de precios y la colusión en licitaciones.
No existe una exención general para pequeñas empresas. Una compañía de cinco personas puede cometer un delito de conspiración o hacer una afirmación de precio engañosa, igual que un minorista nacional. Algunas partes de la Ley sí dependen del tamaño. La notificación previa de fusiones solo se aplica por encima de umbrales financieros elevados. El abuso de posición dominante exige que una empresa controle un mercado.
Conviene pensar en la Ley en tres grupos:
- Delitos penales: cárteles, colusión en licitaciones, acuerdos de fijación de salarios y de no contratación, y publicidad falsa hecha a sabiendas o de forma temeraria.
- Conductas sujetas a revisión civil: abuso de posición dominante, acuerdos anticompetitivos, mantenimiento de precios y la mayor parte de la publicidad engañosa.
- Control de fusiones: notificación previa para operaciones de gran tamaño y la facultad de impugnar cualquier fusión que impida o reduzca sustancialmente la competencia.
Conductas Penales: Fijación de Precios, Colusión en Licitaciones, Fijación de Salarios y Acuerdos de No Contratación
El delito de conspiración (artículo 45)
Según la subsección 45(1), comete un delito la persona que conspira, acuerda o se concierta con un competidor para hacer cualquiera de estas tres cosas:
- fijar, mantener, aumentar o controlar precios;
- repartirse ventas, territorios, clientes o mercados; o
- fijar, mantener, controlar, impedir, reducir o eliminar la producción o el suministro de un producto.
"Competidor" incluye a una empresa que probablemente competiría si el acuerdo no existiera. "Precio" incluye descuentos y bonificaciones. Un tribunal puede inferir la existencia de un acuerdo a partir de pruebas circunstanciales, sin prueba directa de comunicación (subsección 45(3)).
Para una pequeña empresa, el riesgo suele tener un aspecto cotidiano. Dos contratistas pueden acordar un "piso" para sus presupuestos. Unos distribuidores pueden acordar quién atenderá cada localidad. Unos competidores pueden acordar en un evento del sector trasladar juntos un aumento de costos.
Fijación de salarios y acuerdos de no contratación (subsección 45(1.1))
Desde el 23 de junio de 2023, existe un segundo delito dirigido a los empleadores. Lo comete el empleador que acuerda con otro empleador que no es su afiliado fijar, mantener, reducir o controlar sueldos, salarios o condiciones de empleo. Lo mismo vale para un acuerdo de no captar ni contratar a los empleados del otro. A diferencia del delito de fijación de precios, este se aplica tanto si los empleadores compiten por clientes como si no. Las directrices de aplicación de la Oficina sobre acuerdos de fijación de salarios y de no contratación señalan que la disposición se aplica a los acuerdos celebrados en esa fecha o después. También alcanza a las conductas que reafirman o ejecutan acuerdos anteriores.
Colusión en licitaciones (artículo 47)
La colusión en licitaciones (bid-rigging) abarca el acuerdo por el cual uno o más licitantes se comprometen a no presentar oferta, a retirar una oferta o a presentar ofertas pactadas entre ellos. Se aplica cuando el arreglo no se revela a quien convoca la licitación.
Sanciones y la defensa de restricciones accesorias
Los delitos de conspiración, fijación de salarios, no contratación y colusión en licitaciones conllevan cada uno una pena de prisión de hasta 14 años, una multa a discreción del tribunal, o ambas (subsecciones 45(2) y 47(2)).
No toda restricción entre empresas es un delito. La subsección 45(4) ofrece una defensa para la restricción que es accesoria a un acuerdo más amplio o independiente entre las mismas partes. La restricción debe estar directamente relacionada con el objetivo de ese acuerdo y ser razonablemente necesaria para alcanzarlo. El acuerdo más amplio no debe infringir, a su vez, el artículo 45. La defensa debe probarse según el criterio de preponderancia de la prueba (balance of probabilities). Suele ser pertinente para las cláusulas de no competencia en contratos empresariales, las empresas conjuntas (joint ventures) y los acuerdos de suministro.
Conductas Civiles: Abuso de Posición Dominante y Colaboración entre Competidores
Abuso de posición dominante (artículos 78 y 79)
El artículo 79 permite al Tribunal dictar órdenes en ciertos casos. El primero es que una o más personas "controlen sustancial o completamente" una clase de negocio en todo Canadá o en cualquier zona de Canadá. El segundo es que hayan incurrido en una práctica de actos anticompetitivos, o en una conducta que impide o reduce sustancialmente la competencia y que no es resultado de un desempeño competitivo superior. El Tribunal puede tener en cuenta las barreras de entrada (incluidos los efectos de red). También puede considerar los efectos sobre la competencia en precio y en factores distintos del precio, como la calidad, la variedad y la privacidad de los consumidores (subsección 79(4)).
La sanción administrativa pecuniaria no puede superar el mayor de dos importes: $25,000,000 ($35,000,000 por cada orden posterior) o tres veces el valor del beneficio obtenido. Si este no puede determinarse razonablemente, el tope es el 3% de los ingresos brutos anuales mundiales de la persona (subsección 79(3.1)).
La mayoría de las pequeñas empresas no ocupa una posición dominante. Aun así, pueden tratar con un proveedor o un cliente dominante. Y una empresa que es la única opción real en un mercado local o especializado puede ser dominante en ese mercado más reducido.
Acuerdos entre competidores (artículo 90.1)
El artículo 90.1 es la contrapartida civil del delito de cártel. Permite al Tribunal prohibir un acuerdo existente o propuesto entre competidores que impida o reduzca sustancialmente la competencia en un mercado. Tras reformas recientes, la subsección 90.1(1.01) también permite al Tribunal actuar cuando las partes no son competidoras, si uno de los propósitos significativos del acuerdo es impedir o reducir la competencia.
Prácticas Comerciales Engañosas en Canadá: Precios Fraccionados, Ofertas y Afirmaciones Ambientales
Dos vías: penal y civil
El artículo 52 tipifica como delito penal hacer al público, a sabiendas o de forma temeraria, una declaración falsa o engañosa en un aspecto importante. El artículo 74.01 somete el mismo tipo de declaración a revisión civil, sin necesidad de probar intención. En ambos casos cuenta la "impresión general" de la declaración, no solo su sentido literal. No es necesario probar que alguien fue efectivamente engañado.
Precios fraccionados (drip pricing)
La Ley establece que anunciar un precio que no puede obtenerse por la existencia de cargos o tarifas fijos y obligatorios constituye una declaración falsa o engañosa (subsecciones 52(1.3) y 74.01(1.1)). La única excepción son los importes impuestos por legislación federal o provincial, como los impuestos sobre las ventas. En la práctica, las tarifas obligatorias de "servicio", "reserva" o "gestión" por lo general deben incluirse en el precio anunciado. No deben añadirse al pagar.
"Precio regular" y anuncios de ofertas
Las subsecciones 74.01(2) y (3) regulan las afirmaciones sobre el precio de venta habitual, como "antes $199, ahora $99" o "ahorre 50%". Una empresa que cita su propio precio regular debe, en general, poder demostrar una de dos cosas. Que vendió un volumen sustancial a ese precio o a uno mayor dentro de un período razonable. O que ofreció el producto de buena fe a ese precio o a uno mayor durante un período sustancial poco antes o inmediatamente después de la declaración.
Afirmaciones ambientales (greenwashing)
Las reformas de 2024 añadieron dos disposiciones ambientales. Según el párrafo 74.01(1)(b.1), una afirmación sobre los beneficios ambientales o climáticos de un producto debe basarse en una prueba adecuada y apropiada. Según el párrafo 74.01(1)(b.2), una afirmación sobre los beneficios ambientales de una empresa o actividad empresarial debe basarse en una justificación adecuada y apropiada. En ambos casos, la carga de la prueba recae en quien hace la afirmación.
En 2026, la Budget 2025 Implementation Act, No. 1 (Ley de Implementación del Presupuesto 2025, n.º 1; S.C. 2026, c. 3), que recibió la sanción real (Royal Assent) el 26 de marzo de 2026, redujo el alcance de estas reglas. Según la publicación de la Oficina sobre las afirmaciones ambientales y la Competition Act, las reformas eliminaron el requisito de que las afirmaciones se respaldaran con una metodología reconocida internacionalmente. La Ley consolidada también dispone ahora que el párrafo (b.2) no puede servir de base para una solicitud privada (subsecciones 74.01(1.01) y 103.1(6.2)). Las afirmaciones sobre productos y la prohibición general de declaraciones engañosas siguen vigentes. La Oficina ha indicado que actualizará su guía.
Sanciones civiles por publicidad engañosa
Según el artículo 74.1, el Tribunal o un juez puede ordenar a una empresa que cese la conducta y publique un aviso correctivo. En algunos casos puede ordenar la restitución a los compradores. También puede imponer una sanción administrativa pecuniaria. Para una corporación, el máximo es el mayor de dos importes: $10,000,000 ($15,000,000 por cada orden posterior) o tres veces el beneficio obtenido. Si este no puede determinarse razonablemente, el tope es el 3% de los ingresos brutos anuales mundiales. Para las personas físicas rigen máximos más bajos.
Según la subsección 74.1(3), no puede dictarse un aviso correctivo, una sanción ni una orden de restitución si la persona demuestra que actuó con la debida diligencia para evitar la conducta.
Notificación Previa de Fusiones: ¿Comprar o Vender una Empresa Exige Notificar a la Competition Bureau?
Toda adquisición plantea dos preguntas. ¿Hay que notificar a la Oficina con antelación? ¿Y podría la Oficina impugnar la operación en cualquier caso?
Notificación previa de fusiones en Canadá: los dos umbrales
Según la Parte IX de la Ley, por lo general solo es obligatorio notificar cuando se superan ambos umbrales:
- Tamaño de las partes (artículo 109): las partes, junto con sus afiliadas, tienen activos en Canadá, o ingresos brutos por ventas en Canadá, desde Canadá o hacia Canadá, superiores a $400 millones.
- Tamaño de la operación (artículo 110): los activos en Canadá de la empresa objetivo, o los ingresos por ventas en Canadá, desde Canadá o hacia Canadá generados por esos activos, superan el umbral fijado para el año.
El 2 de marzo de 2026, la Oficina anunció que el umbral de notificación previa de fusiones se mantendrá en $93 millones en 2026. La cifra se revisa cada año.
Cómo se aplica el umbral de notificación según la estructura de la operación
En una compra de activos, la prueba se centra en los activos que se adquieren. En una compra de acciones, los activos o ingresos canadienses de la empresa objetivo deben superar el umbral. Además, el comprador (con sus afiliadas) debe superar un nivel de participación con derecho a voto. Ese nivel es de más del 20% para una sociedad que cotiza en bolsa, de más del 35% para una sociedad privada, o de más del 50% si el comprador ya tiene más de esos porcentajes. Las amalgamaciones y combinaciones (como algunas sociedades de personas y empresas conjuntas) tienen sus propias pruebas. Las operaciones mixtas de activos y acciones se suman (subsección 110(3.1)).
Estas diferencias son una de las razones por las que elegir entre una compra de acciones y una compra de activos puede tener consecuencias más allá de los impuestos y la responsabilidad.
El período de espera
Cuando una operación debe notificarse, las partes presentan la notificación y no pueden cerrar hasta que termine el período de espera (artículo 123). El período es de 30 días desde que la Oficina recibe la información requerida. Supongamos que la Oficina solicita información adicional dentro de ese plazo. En ese caso, las partes no pueden cerrar hasta 30 días después de cumplir con la solicitud. La Oficina puede poner fin al período antes, si comunica que no tiene intención de impugnar la operación.
Cerrar antes de tiempo o sin notificar tiene consecuencias. Según el artículo 123.1, un tribunal puede dictar órdenes provisionales y ordenar la disolución de una operación ya concluida. En el caso de una operación concluida, también puede imponer una sanción de hasta $10,000 por cada día de incumplimiento del período de espera.
Las operaciones pequeñas también pueden revisarse
La mayoría de las operaciones pequeñas y del mercado medio quedan muy por debajo de los umbrales. Eso no las deja fuera de la Ley. Según el artículo 92, el Comisionado puede pedir al Tribunal que bloquee o deshaga cualquier fusión, notificable o no, que probablemente impida o reduzca sustancialmente la competencia, incluso en los mercados laborales.
Según el artículo 97, el Comisionado dispone por lo general de un año desde la conclusión sustancial para impugnar una fusión que fue notificada (o que obtuvo un certificado de resolución anticipada, advance ruling certificate). Para cualquier otra fusión, el plazo es de tres años. Si se adquiere a un competidor local directo sin obligación de notificar, ese plazo más largo debe formar parte del análisis de riesgos de la operación.
La presunción estructural y el fin de la defensa de eficiencias
Las subsecciones 92(2) y (3) establecen una presunción. Si el Tribunal concluye que una fusión probablemente dará lugar a un aumento significativo de la concentración o de la cuota de mercado, debe declarar que existe una reducción o un impedimento sustancial de la competencia, salvo que las partes demuestren lo contrario. Un aumento significativo significa que el índice de concentración sube más de 100 y que, además, el índice supera 1,800 o la cuota de mercado combinada de las partes supera el 30%. Existen reglas transitorias para las operaciones notificadas o concluidas antes del cambio.
Por otra parte, las reformas de 2023 derogaron la antigua defensa de eficiencias del artículo 96.
Puntos prácticos para compradores y vendedores
En una operación notificable, el tiempo de presentación y el período de espera deben incorporarse al calendario desde la etapa de la carta de intención. Durante la due diligence, los vendedores pueden esperar preguntas sobre sus prácticas de precios, sus condiciones de distribución y sus acuerdos con competidores. Consulte nuestra lista de verificación de due diligence para preparar la venta de una empresa. Un comprador extranjero también puede enfrentar una revisión separada conforme a la Investment Canada Act (Ley de Inversión en Canadá). Es un régimen distinto, con una prueba distinta. Consulte cuándo una inversión activa la revisión de la Investment Canada Act y nuestra nota sobre consideraciones de M&A transfronterizas para compradores estadounidenses.
Sanciones y Aplicación de la Ley de Competencia de Canadá
Investigaciones
El Comisionado de Competencia, que dirige la Competition Bureau, puede abrir investigaciones. Según el artículo 11, el Comisionado puede solicitar órdenes judiciales que obliguen a una persona a declarar bajo juramento, presentar documentos o entregar declaraciones escritas. La Oficina también puede solicitar órdenes para registrar instalaciones (artículo 15).
Solicitudes privadas ante el Competition Tribunal
Las reformas aprobadas en junio de 2024 entraron en vigor el 20 de junio de 2025. Según el boletín informativo de la Oficina sobre el acceso privado, ampliaron el acceso de los particulares al Tribunal. Según el artículo 103.1, cualquier persona puede pedir autorización para presentar una solicitud sobre cualquiera de estos temas:
- publicidad engañosa;
- negativa a contratar;
- mantenimiento de precios;
- exclusividad y ventas atadas;
- abuso de posición dominante; o
- acuerdos entre competidores.
En la negativa a contratar, la exclusividad y las ventas atadas, el abuso de posición dominante y los acuerdos entre competidores, el Tribunal puede conceder la autorización si el solicitante se ve directa y sustancialmente afectado en su negocio o si la autorización es de interés público (subsección 103.1(7)). En el mantenimiento de precios, el solicitante debe verse directamente afectado (subsección 103.1(7.1)). En la publicidad engañosa, la prueba es el interés público (subsección 103.1(6.1)). La solicitud debe presentarse a más tardar un año después de que haya cesado la conducta (subsección 103.1(8)).
Resumen de sanciones
| Conducta | Disposición | Consecuencia máxima |
|---|---|---|
| Fijación de precios, reparto de mercados, restricción de la producción | art. 45(1) | Hasta 14 años de prisión, multa a discreción del tribunal, o ambas |
| Fijación de salarios y acuerdos de no contratación | art. 45(1.1) | Hasta 14 años de prisión, multa a discreción del tribunal, o ambas |
| Colusión en licitaciones | art. 47 | Hasta 14 años de prisión, multa a discreción del tribunal, o ambas |
| Publicidad falsa a sabiendas o temeraria | art. 52 | Por acusación formal (indictment): multa a discreción del tribunal, hasta 14 años, o ambas. Por procedimiento sumario: hasta $200,000, un año, o ambas |
| Publicidad engañosa civil (corporación) | art. 74.1 | El mayor entre $10M ($15M en órdenes posteriores) y 3 veces el beneficio, o el 3% de los ingresos brutos mundiales |
| Abuso de posición dominante | art. 79(3.1) | El mayor entre $25M ($35M en órdenes posteriores) y 3 veces el beneficio, o el 3% de los ingresos brutos mundiales |
| Cerrar una fusión notificable antes de tiempo o sin notificar | art. 123.1 | Hasta $10,000 por día en una operación concluida, más posibles órdenes de disolución |
Lo que la Competition Act Significa para Sus Contratos y Operaciones
Cláusulas de no competencia en contratos de compraventa de acciones y de activos
El comprador suele querer que el vendedor no compita después del cierre. Así protege el fondo de comercio (goodwill) por el que está pagando. Cuando las partes son o podrían ser competidoras, la cláusula es, en principio, un acuerdo entre competidores. La defensa de restricciones accesorias de la subsección 45(4) suele ser pertinente. Una restricción directamente relacionada con la venta y razonablemente necesaria para ella recibe, por lo general, un trato distinto al de un acuerdo autónomo de reparto de mercados. Pero un alcance, una duración o una zona geográfica que vayan mucho más allá de proteger el fondo de comercio pueden debilitar esa posición.
También puede aplicarse una norma provincial distinta. Según la guía del gobierno de Ontario sobre la Employment Standards Act, 2000 (Ley de Normas de Empleo de Ontario), desde el 25 de octubre de 2021 los empleadores tienen prohibido celebrar acuerdos de no competencia con sus empleados (artículo 67.2). Las excepciones abarcan a ciertos ejecutivos y los casos en que el vendedor pasa a ser empleado del comprador tras la venta de una empresa. Se trata de una norma de derecho laboral, distinta de la Competition Act.
Cláusulas de no contratación entre empresas
La subsección 45(1.1) obliga a examinar con cuidado las cláusulas recíprocas de "no contratar" o "no captar" entre empleadores no afiliados. Aparecen en contratos de dotación de personal, subcontratación (outsourcing), suministro y consultoría, y en sistemas de franquicia. Una restricción vinculada a un acuerdo más amplio y legítimo puede quedar amparada por la defensa de restricciones accesorias. Una promesa autónoma entre dos empresas de no contratar al personal de la otra es justamente el tipo de arreglo al que apunta la disposición. Es una de varias señales de alerta en contratos empresariales de Ontario que conviene revisar antes de firmar.
Contratos de franquicia y distribución
Estos contratos suelen incluir territorios exclusivos, orientaciones de precios y restricciones de suministro. La disposición sobre mantenimiento de precios (artículo 76) permite al Tribunal actuar en dos situaciones. Una es cuando un proveedor, mediante acuerdo, amenaza o promesa, presiona al alza el precio de un revendedor. La otra es cuando un proveedor se niega a abastecer a un cliente por su política de precios bajos. En ambas, la conducta debe afectar negativamente la competencia en un mercado. Los acuerdos entre los propios franquiciados, por ejemplo sobre precios o contratación, plantean problemas distintos conforme al artículo 45. Para más contexto, consulte franquicia vs. licencia.
Intercambio de información y empresas conjuntas
Las encuestas comparativas (benchmarking) y las reuniones de asociaciones sectoriales son legítimas en muchas de sus formas. El riesgo aumenta cuando los competidores comparten precios actuales o futuros, márgenes, ofertas o planes salariales. Una empresa conjunta entre competidores puede evaluarse conforme al artículo 90.1. Puede tratarse como un posible acuerdo delictivo si en realidad es un vehículo para fijar precios. Por encima de los umbrales, también puede ser una operación notificable. La estructura elegida importa, como ocurre al comparar una empresa conjunta (joint venture) con una sociedad de personas (partnership).
Condiciones de la operación
Los contratos de adquisición con exposición en materia de competencia suelen incluir declaraciones de cumplimiento de la Competition Act, un compromiso de cooperar en las presentaciones y una condición de cierre vinculada al período de espera. Las partes de empresas competidoras también suelen evitar el llamado gun-jumping. Consiste en coordinar precios, clientes u operaciones antes del cierre como si la operación ya estuviera concluida. Por lo general, estas cuestiones son más fáciles de gestionar cuando se identifican en la etapa de la hoja de términos (term sheet) que durante las negociaciones finales.
Lista Práctica de Cumplimiento de la Competition Act
- Conversaciones sobre precios: mantenga las conversaciones con competidores lejos de precios, márgenes, ofertas, clientes y territorios.
- Acuerdos de contratación: revise cualquier acuerdo con otro empleador que limite la contratación, la captación o la remuneración.
- Precios anunciados: muestre el precio completo, incluidas las tarifas obligatorias, salvo los cargos impuestos por el gobierno.
- Anuncios de ofertas: conserve registros que respalden cualquier comparación de "precio regular" o de "antes/ahora".
- Afirmaciones ambientales: tenga en archivo las pruebas o la justificación antes de publicar afirmaciones ecológicas.
- Evaluación de operaciones: verifique ambos umbrales de fusión desde el principio y considere el riesgo de revisión posterior al cierre en las operaciones más pequeñas.
- Formación y registros: forme a los equipos comerciales y directivos, y deje constancia escrita de la revisión de la publicidad y de las medidas de cumplimiento.
Preguntas Frecuentes
¿Es ilegal la fijación de precios en Canadá?
Sí. Un acuerdo entre competidores para fijar, mantener, aumentar o controlar precios es un delito penal según la subsección 45(1). El delito no exige probar que el acuerdo haya perjudicado realmente la competencia. La Ley se aplica a "toda persona". Por eso, las personas físicas, como propietarios, directores y gerentes, pueden ser procesadas a título personal, y no solo la empresa.
¿Son ilegales los acuerdos de no contratación en Canadá?
Entre empleadores no afiliados, por lo general sí, desde el 23 de junio de 2023. Los acuerdos entre empresas afiliadas quedan fuera de la subsección 45(1.1). Una restricción que sea realmente accesoria a un acuerdo legítimo más amplio puede ser defendible. Una restricción unilateral dentro del contrato de un empleado, como una cláusula de no captación, suele ser una cuestión de derecho laboral y no de la Competition Act.
¿Son ilegales los precios fraccionados en Canadá?
Anunciar un precio que en realidad no puede pagarse porque se añaden tarifas obligatorias más tarde se considera una declaración falsa o engañosa. Los cargos impuestos por el gobierno, como el impuesto sobre las ventas, son la excepción. Los complementos opcionales que el cliente puede rechazar de verdad son distintos de las tarifas que todo comprador debe pagar. Por eso, la distinción suele depender de si un cargo es realmente evitable.
¿Las pequeñas empresas deben notificar a la Competition Bureau?
Por lo general, no. La notificación solo se aplica cuando se cumplen dos pruebas. Las partes y sus afiliadas deben superar $400 millones en activos o ingresos canadienses. La empresa objetivo también debe superar el umbral anual, que es de $93 millones para 2026. Aun así, la Oficina puede impugnar una operación no notificada hasta tres años después de su conclusión sustancial.
Fuentes y Recursos Oficiales
Leyes federales y guías gubernamentales citadas
- Competition Act, R.S.C. 1985, c. C-34 (consolidated)
- Pre-merger notification threshold to remain at $93 million in 2026 (Competition Bureau)
- Enforcement guidelines on wage-fixing and no-poaching agreements (Competition Bureau)
- Bulletin on private access to the Competition Tribunal (Competition Bureau)
- Environmental claims and the Competition Act (Competition Bureau)
Leyes y guías de Ontario citadas
- Employment Standards Act, 2000, s. 67.2 (non-compete agreements)
- Your guide to the Employment Standards Act: Non-compete agreements (Ontario)
Este artículo ofrece información general sobre el derecho canadiense y no constituye asesoramiento legal. Cada situación es distinta. Consulte con un abogado sobre sus circunstancias particulares.
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