Preguntas frecuentes

Un bufete boutique es una firma más pequeña que se concentra en un conjunto definido de materias en lugar de cubrir todos los servicios jurídicos. Hadri Law se enfoca en derecho empresarial y fiscal para fundadores, empresas en crecimiento y clientes internacionales que operan en Canadá. Usted trata directamente con el abogado que lleva su expediente, no con un equipo rotatorio de juniors. La contrapartida frente a una firma nacional es profundidad en nuestras áreas elegidas en lugar de amplitud en cada departamento, acompañada de servicio multilingüe en inglés, francés, español y catalán.

Asesoramos y redactamos en inglés, francés, español y catalán. Eso importa cuando una empresa de Toronto firma con una contraparte en Quebec, México, España o América Latina. También importa cuando un fundador extranjero quiere entender la parte canadiense de una operación en su lengua materna. Los documentos que deben ser exigibles en dos jurisdicciones pueden prepararse y revisarse en ambos idiomas por el mismo abogado, lo que evita el ida y vuelta de recurrir a un traductor externo.

La consulta gratuita es una llamada de 20 a 30 minutos para entender su situación, identificar las cuestiones legales involucradas y decirle si podemos ayudarle y cómo. Termina la llamada con una idea clara de los siguientes pasos y una estimación de honorarios o un rango por hora para el trabajo. La llamada no crea relación abogado-cliente, y recomendamos no compartir información confidencial detallada hasta que se firme el contrato de honorarios.

Ambas opciones son válidas. Una sociedad federal bajo la Canada Business Corporations Act (Ley Canadiense de Corporaciones Empresariales, CBCA) le otorga un nombre protegido en todo Canadá y suele preferirse cuando planea operar en varias provincias. Una sociedad provincial bajo la Ontario Business Corporations Act (Ley de Corporaciones Empresariales de Ontario, OBCA) es más sencilla si su negocio operará principalmente en Ontario. Una diferencia relevante para fundadores extranjeros: la CBCA todavía exige que al menos el 25 % de los directores sean residentes canadienses (Sección 105), mientras que la OBCA eliminó su requisito de residencia canadiense para directores en 2021. Para fundadores sin cofundadores ni directores canadienses, la OBCA suele ser la opción más práctica.

Una Professional Corporation (PC) es una sociedad que un profesional regulado, como un abogado, médico, dentista o contador, puede utilizar para ejercer su práctica. Se rige tanto por la OBCA como por las normas del colegio profesional correspondiente (por ejemplo, la Law Society of Ontario para abogados). Una PC ofrece ventajas de planificación fiscal, incluido el acceso a la small business deduction (deducción para pequeñas empresas) en muchos casos, pero no protege al profesional frente a la responsabilidad por su propia negligencia profesional. Cada profesión tiene reglas propias sobre quién puede ser titular de las acciones.

Un Unanimous Shareholder Agreement (USA), o convenio unánime de accionistas, es un contrato entre todos los accionistas de una sociedad que puede modificar reglas supletorias de la OBCA o la CBCA y desplazar ciertas facultades de los directores hacia los accionistas. Un USA suele cubrir cómo se transfieren las acciones, qué ocurre cuando un fundador sale, mecanismos de resolución de disputas, derechos de drag-along y tag-along, y los supuestos que disparan una compra forzada. Si tiene cofundadores, inversionistas o familiares con acciones, el momento de firmarlo es antes de que surja un desacuerdo, no después.

Una constitución estándar en línea bajo la OBCA o la CBCA puede presentarse y quedar vigente en uno a tres días hábiles, a veces más rápido. El paso más largo es decidir la estructura: clases de acciones, nombramiento de directores, roles de funcionarios, redacción de los reglamentos internos y resoluciones de accionistas, búsqueda NUANS si desea una sociedad con nombre (no numerada) y registro de cuentas de HST, nómina e importación y exportación. La mayoría de los clientes están operativos en una semana una vez tomadas esas decisiones.

Sí, en casi todos los casos. Un contrato escrito fija precio, alcance, plazos, condiciones de pago, titularidad de la propiedad intelectual, límites de responsabilidad y qué ocurre si algo sale mal. Sin él, las partes quedan sujetas al common law y a las reglas de la Sale of Goods Act (Ley de Compraventa de Mercaderías) que pueden no coincidir con lo que ninguna de las dos partes pretendía. El costo de un acuerdo a medida es pequeño comparado con el de litigar un trato verbal o basado en plantillas que se rompe. Un contrato sólido también facilita ceder, financiar o asegurar la relación.

La Personal Property Security Act (Ley de Garantías sobre Bienes Muebles, PPSA) es la norma de Ontario que rige las garantías reales sobre bienes muebles: equipos, inventario, cuentas por cobrar, propiedad intelectual y otros activos no inmobiliarios. Si presta dinero, arrienda equipos, vende a crédito o toma una garantía sobre los activos de un deudor, por lo general debe registrar un financing statement en el Ontario Personal Property Security Registry. Eso es lo que vuelve su garantía oponible a terceros. Registrar en la jurisdicción equivocada o con errores en el nombre legal exacto del deudor es una de las formas más comunes en que los acreedores garantizados pierden prioridad.

Una partnership es una relación jurídica regulada por la Ontario Partnerships Act (Ley de Sociedades Colectivas de Ontario), en la que dos o más personas llevan adelante un negocio en común con ánimo de lucro. Los socios responden de forma solidaria por las deudas de la partnership, y la entidad tributa trasladando los ingresos a cada socio. Un joint venture es un acuerdo contractual para un proyecto específico o un fin limitado, en el que las partes comparten costos e ingresos definidos pero no constituyen un único negocio en marcha. Los joint ventures normalmente no generan responsabilidad solidaria, y cada parte tributa por separado sobre su participación en el proyecto.

En una venta de acciones, el comprador adquiere las acciones de la sociedad y hereda todo: contratos, empleados, historia fiscal y pasivos conocidos y desconocidos. Los vendedores suelen preferir la venta de acciones porque las personas físicas pueden reclamar la Lifetime Capital Gains Exemption (Exención Vitalicia por Ganancias de Capital) sobre acciones de pequeña empresa que califiquen (el límite se elevó a 1,25 millones de dólares para enajenaciones posteriores al 24 de junio de 2024, y la indexación por inflación se reanuda en 2026). En una venta de activos, el comprador elige activos específicos y asume solo los pasivos que acepta. Los compradores suelen preferir la venta de activos porque obtienen un step-up en el costo fiscal de los activos amortizables y evitan la mayoría de los pasivos históricos. La mayor parte de las operaciones canadienses se negocia en torno a este único equilibrio.

La due diligence es la investigación que el comprador realiza sobre el target antes del cierre. Un flujo de trabajo típico cubre los registros corporativos (libro de actas, registro de accionistas, reglamentos internos), contratos materiales, inmuebles y arrendamientos, asuntos laborales y cumplimiento de la ESA, declaraciones fiscales y liquidaciones pendientes ante la CRA, registros de propiedad intelectual, licencias regulatorias, asuntos ambientales cuando corresponda e historial de litigios. El objetivo es confirmar lo que el comprador está pagando, identificar riesgos que justifiquen un ajuste de precio o una indemnidad específica, y aflorar cualquier punto que sea condición para no cerrar. Los hallazgos alimentan directamente las declaraciones, garantías y anexos de revelaciones del contrato de compraventa.

Algunas operaciones requieren notificación previa a la fusión ante el Competition Bureau bajo la Competition Act (Ley de Competencia), pero la mayoría de las transacciones small y mid-market no la requieren. La notificación es obligatoria, en general, cuando tanto el tamaño de las partes (activos o ingresos canadienses combinados) como el tamaño de la transacción (activos o ingresos canadienses del target) superan los umbrales indexados anualmente que fija el Ministro de Innovation, Science and Industry. Incluso cuando no se requiere notificación, todas las fusiones que puedan disminuir o impedir sustancialmente la competencia pueden ser revisadas por el Bureau hasta un año después del cierre. Conviene que el equipo legal corra el análisis de umbrales temprano para que no le sorprenda en la línea de tiempo del cierre.

Hay tres rutas habituales. La primera es constituir una subsidiaria canadiense bajo la CBCA o la OBCA, lo que le otorga una entidad jurídica canadiense separada. La segunda es registrar una sociedad extranjera existente como extra-provincial corporation en Ontario, lo que permite que la matriz extranjera opere directamente bajo su personalidad jurídica vigente. La tercera es operar a través de una sucursal canadiense, a menudo combinada con una entidad híbrida con fines fiscales. La opción adecuada depende del beneficio del tratado fiscal, la exposición a retenciones, los precios de transferencia, la estructura laboral y cómo planea facturar a clientes canadienses.

Posiblemente. La Investment Canada Act (Ley de Inversión en Canadá, ICA) se aplica siempre que una persona no canadiense adquiere el control de un negocio canadiense o establece un nuevo negocio canadiense. La mayoría de las transacciones solo desencadenan una notificación, presentada dentro de los 30 días posteriores al cierre. Las adquisiciones mayores de control de negocios canadienses por inversionistas de la OMC están sujetas a una revisión de "beneficio neto" cuando el enterprise value del target supera un umbral indexado anualmente (muy por encima de 1.000 millones de dólares para la mayoría de los inversionistas privados de la OMC en años recientes). Las empresas estatales y los sectores culturalmente sensibles enfrentan umbrales más bajos, y una revisión separada por seguridad nacional puede aplicarse a inversiones de cualquier tamaño.

Canadá tiene convenios fiscales en vigor con más de 90 países, incluidos Estados Unidos, Reino Unido, Francia, España, México, Brasil, China, India y la mayor parte de la Unión Europea. Los convenios reducen las retenciones sobre dividendos, intereses y regalías pagados desde Canadá, y evitan que el mismo ingreso tribute dos veces. Si su país de origen está en la lista, estructurar una operación canadiense por una ruta amparada por el convenio puede reducir materialmente el costo después de impuestos. El Department of Finance Canada publica la lista vigente de convenios y protocolos.

Como mínimo: los nombres legales y domicilios de las partes; una descripción clara de los bienes, servicios o derechos intercambiados; precio y condiciones de pago; plazo y mecánica de renovación; declaraciones y garantías; limitaciones de responsabilidad e indemnidades; titularidad y licencias de propiedad intelectual; confidencialidad; supuestos y consecuencias de terminación; ley aplicable (casi siempre Ontario para operaciones ancladas allí) y foro de resolución de disputas; y bloques de firma con facultades acreditadas. Las cláusulas que más pesan cuando algo sale mal suelen ser las que reciben menos atención en la negociación: limitación de responsabilidad, indemnidades y resolución de disputas.

A veces, pero con cautela. Una plantilla solo es tan útil como quien la lee. Las plantillas estadounidenses suelen omitir cuestiones específicas de Canadá: obligaciones de privacidad bajo PIPEDA, tratamiento del HST, exclusiones bajo la ESA, la Sale of Goods Act, requisitos de idioma francés para contrapartes de Quebec y las cláusulas correctas de ley aplicable y foro. Una plantilla canadiense puede ser un punto de partida, pero debería revisarse y adaptarse antes de firmar nada material. El costo de una revisión de 30 minutos casi siempre es menor que el costo de discutir una cláusula ambigua dos años después.

Bajo la Employment Standards Act, 2000 (Ley de Normas de Empleo de Ontario, ESA), un empleado con al menos tres meses de servicio tiene derecho a un preaviso escrito de despido, o pago en su lugar, en una escala progresiva: una semana por menos de un año de servicio, dos semanas por uno a tres años, y una semana adicional por cada año de servicio posterior, hasta un máximo de ocho semanas. La indemnización legal por despido (statutory severance) es un monto separado que se suma al preaviso. Aplica cuando el empleado tiene al menos cinco años de servicio y el empleador tiene una nómina en Ontario de al menos 2,5 millones de dólares. El preaviso razonable bajo el common law puede ser sustancialmente mayor, por lo que la mayoría de los empleadores recurren a una cláusula de terminación bien redactada para limitar la exposición.

La etiqueta del contrato no es determinante. La Canada Revenue Agency (CRA) y los tribunales miran la sustancia de la relación, incluido quién controla cuándo y cómo se realiza el trabajo, quién aporta las herramientas y el equipo, si el trabajador puede obtener una utilidad o asumir una pérdida, el grado de integración en el negocio y la intención de las partes. Clasificar erróneamente a un empleado como contratista puede exponer a la empresa a pagos retroactivos por vacaciones, días feriados, preaviso bajo la ESA, retenciones en la fuente (CPP, EI e impuesto sobre la renta) y posibles sanciones de la CRA. El riesgo es real y la CRA está activa en este terreno.

En su mayoría, no. La Working for Workers Act, 2021 (Ley de Trabajadores Trabajadores de 2021) modificó la ESA para prohibir que los empleadores de Ontario incluyan acuerdos de no competencia en los contratos de trabajo, con excepciones limitadas para ejecutivos y para no competencias pactadas como parte de la venta de un negocio. La prohibición se considera vigente desde el 25 de octubre de 2021, y cualquier no competencia incluida en un contrato de empleado ordinario celebrado en esa fecha o después es nula. Las cláusulas de no captación (non-solicitation) y confidencialidad bien redactadas siguen siendo exigibles si son razonables en alcance, plazo y geografía. Continúan siendo la herramienta correcta para proteger relaciones con clientes e información confidencial.

La small business deduction (SBD), o deducción para pequeñas empresas, otorga a las Canadian-controlled private corporations (CCPCs) una tasa reducida de impuesto corporativo sobre los primeros 500.000 dólares de ingreso activo de negocio cada año. En Ontario, esto sitúa la tasa combinada federal y provincial cerca del 12,2 % sobre el ingreso elegible (9 % federal más 3,2 % de Ontario), frente a aproximadamente el 26,5 % sobre el ingreso activo de negocio general. Para calificar, la sociedad debe ser CCPC durante todo el año, el ingreso debe ser activo de negocio (no de inversión), y el límite de 500.000 dólares se reparte entre sociedades asociadas. La SBD también se reduce cuando el capital imponible del grupo asociado se sitúa entre 10 millones y 50 millones de dólares, y se elimina por completo en 50 millones.

Una vez que su ingreso mundial gravable, incluido el de personas asociadas, supera los 30.000 dólares en un solo trimestre calendario o en los cuatro trimestres calendario consecutivos previos, deja de ser "small supplier" y debe inscribirse en una cuenta HST con la CRA, cobrar HST sobre los suministros gravables y remitir el impuesto. También puede inscribirse de forma voluntaria antes de alcanzar el umbral, lo que le permite reclamar input tax credits sobre las compras del negocio. El HST de Ontario es actualmente del 13 % (5 % federal más 8 % provincial). El registro también afecta cómo factura y los registros que debe conservar, por lo que conviene planificarlo y no llegar a él por inercia.

Una auditoría de la CRA suele iniciarse con una solicitud escrita de registros que cubre uno o más ejercicios fiscales. Por lo general dispone de un plazo definido para responder, y el auditor puede visitar sus instalaciones, entrevistar al personal y solicitar registros a terceros. Si el auditor propone ajustes, recibe una proposal letter y cuenta con 30 días para responder antes de que se emita un Notice of Reassessment. A partir de allí, dispone de 90 días para presentar un Notice of Objection, y desde allí una vía hacia el Tax Court of Canada. Cuanto antes se involucre un abogado fiscalista, más opciones tendrá para gestionar el alcance, el privilegio y una eventual conciliación.

Sí. Canadá se adhirió al Hague Apostille Convention (Convenio de La Haya sobre la Apostilla), y el Convenio entró en vigor para Canadá el 11 de enero de 2024. Los documentos originados en Canadá que deban utilizarse en otro Estado miembro del Convenio pueden ahora autenticarse mediante una apostilla emitida por Global Affairs Canada o por la autoridad designada en la provincia correspondiente. Para los documentos emitidos en Ontario, la autoridad competente es Official Document Services del Ontario Ministry of Public and Business Service Delivery. La apostilla reemplaza el antiguo proceso de autenticación en dos pasos y legalización consular para su uso en cualquier Estado miembro del Convenio.